¿Se podía recurrir la condena de Miguel Hernández?

El miércoles, la Sala Quinta o de lo Militar del Tribunal Supremo decidió denegar, a la familia de Miguel Hernández, la autorización para interponer recurso de revisión de la sentencia por la que, el mencionado poeta, fue condenado a pena de muerte en 1940.

Como antecedentes mencionar que el pasado mes de agosto, la Comisión Cívica por la Memoria Histórica de Alicante anunció que se había encontrado documentación que no fue tenida en cuenta en el momento de juzgarle, por lo que se habría vulnerado su derecho de defensa. El descubrimiento se entendió como un nuevo camino, por el que la familia del poeta muerto, podría conseguir que el Tribunal Suprema admitiera a tramite el recurso interpuesto.

Pero ayer, el Tribunal Supremo denegaba la autorización en base a la Ley de Memoria Histórica, al considerar que esa condena ya había sido reconocida “como radicalmente injusta” y se había declarado “su ilegitimidad por vicios de fondo y forma”.

¿Qué quiere decir la afirmación dada por el TS? Que la Ley de Memoria Histórica ya se había encargado de dejar sin efecto dicha condena, por lo que la petición realizada por parte de la familia del poeta no tiene fundamento alguno. Es decir, dado que se consideraron injustas todas las condenas impuestas por los tribunales franquistas basadas en motivos ideológicos o políticos, se considera que la mencionada ley ya deja sin efecto la sentencia que condenó a Miguel Hernández y, que por encima de todo, se tiene que estar a lo dispuesto en ella.

Se trata de una decisión muy controvertida por los tiempos que corren y el debate abierto actualmente sobre las sentencias y condenas realizadas en dicha época. Pero, fuera de polémicas, los jueces toman las decisiones según la normativa vigente que regula el caso que llega a sus manos. No son elecciones arbitrarias según sean partidarios o no de un tema, los jueces analizan una situación, la valoran y según la regulación vigente para el caso toman una decisión.

En el citado caso de Miguel Hernández la decisión no podía ser otra, por la sencilla razón que la normativa vigente no permite que sea otra.

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¿Debería ser Sortu un partido legal?

El Tribunal Supremo tendrá que decidir próximamente si considera válidos los estatutos de Sortu para legalizarlo como partido democrático.

Las dudas y el debate político se han vuelto a abrir. Para unos, es un camino por el que la nueva marca de Batasuna trata de llevar la vía pacífica a su política independentista. Para otros, sólo un intento más de saltarse las barreras y volver a tener a ETA en las próximas elecciones.

El gran punto a favor de Sortu es que rechaza la violencia, pero el gran problema es que en ningún momento pide la disolución de la banda armada ni rechaza los crímenes del pasado.

Por su parte, la Policía Nacional ha emitido un informe en el cual se dice que la renuncia expresa de la violencia, por parte de Sortu, es sólo una mera estratagema de Batasuna para asegurarse que pasan la barrera de la Ley de Partidos.

Seamos francos, no sería la primera vez que ETA, mediante sus partidos, busca con o sin éxito entrar en las elecciones con diferentes nombres, pero con una ideología que no cambia. Pero Sortu ahora expresa su rechazo a la violencia, sin pedir el fin de la banda armada, incluyendo miembros activos de Batasuna en su partido que siempre se pronunciaron partidarios de la banda armada, técnicas de extorsión, asesinatos, secuestros y violencia callejera.

A los españoles se les pide que confíen en palabras, sin actos que las avalen, para creer que nos encontramos ante un avance,con el peligro de poder volver a incluir a ETA en nuestro sistema electoral.

¿Qué implicaría que Sortu participe en las elecciones de no ser cierto que se han desvinculado de Batasuna? Estaríamos ante un escenario tremendamente negro. De conseguir algún escaño, que está claro que lo tendrán, y seguir vinculados a Batasuna, la consecuencia directa es que ETA tiene voz y voto en nuestros ayuntamientos y parlamentos. Es decir, podrían decidir con su voto sobre la aprobación o reforma de leyes, de normas que pueden afectar a los españoles o sólo a los vascos de ser autonómica.

Pero si ya es malo que decidan sobre temas tan importantes, peor es saber que, de tratarse de una trampa, ETA tendría una fuente directa desde los impuestos de los españoles para poder financiar su infraestructura. España estaría luchando contra lo mismo que se encontraría subvencionando.

La decisión no es importante, es crucial. Si se decide que Sortu puede participar en las próximas elecciones, y es otra de las muchas trampas que intenta Batasuna contra nuestra democracia, con sólo sacar un escaño, los españoles estaríamos financiando otra vez a ETA y lo más importante, las armas con las que matan a nuestros ciudadanos.

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Censura toma 1: Acción

Un país que se considera democrático, un país que habla de la libertad de expresión con tanta ligereza como del comienzo de las rebajas de verano, ha visto como TVE censuraba durante la retransmisión de la alfombra roja de los Goya, a los ciudadanos congregados que se pronunciaban contra la famosa "Ley Sinde".

“ Operación Goya”, la propuesta de “Anonymous”, implicaba concentraciones en las cercanías del Teatro Real. Cientos de personas expresaban su opinión y vieron como la televisión intentaba silenciarlas.

Tan sencillo como retransmitir con un retardo de cinco minutos para poder acallar a las voces que se pronunciaban contrarias a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y favorables a Alex de la Iglesia. Tan chapucero como suprimirlo en televisión y no en la retransmisión realizada en directo por Internet por el mismo medio, en la que no debieron de tener tiempo de eliminar las “molestas” voces de los manifestantes congregados.

Pero la solución sólo consiguió empeorar la situación porque, si ya es terrible que una televisión nacional utilice técnicas más propias de una dictadura, peor es considerar a los españoles tan estúpidos como para no enterarse de lo que estaba sucediendo.

Es cierto que en el informativo, Televisión Española comentó los incidentes acaecidos en las inmediaciones del lugar elegido para la celebración de los Goya, pero la realidad es que sólo parece un mal intento por evitar las críticas que ya se están produciendo en Internet.

Hoy tendría que ser recordado como el día que “Pa Negre” fue la gran ganadora de los premios más importantes del cine español pero, en su lugar, será recordado como la noche en la que TVE aplicó la censura en la retransmisión de un acontecimiento de interés nacional.

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Reportaje Ley Antitabaco

Un mes sin humos

El árbitro pita el final de la primera parte del Madrid- Sevilla y Fernando, un cliente del bar, sale para poder fumar un cigarro. “Era algo con lo que llevaba soñando 45 minutos porque ver fallar tantas veces a Benzema sólo hace que tenga más ganas de fumar”,explica.
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Algo poco importante

Hace unos días nuestro Gobierno nos explicaba como pensaba eliminar por segunda vez la presunción de inocencia de nuestro sistema legal, para supuestos de separación o divorcio en los que una de las partes se encuentre imputada por malos tratos.

Ese principio básico de todo Estado de Derecho, algo que tendría que ser considerado intocable por todo gobierno que dirija una democracia, lo que nos convierte en iguales ante la Ley y nos asegura que nunca seremos declarados culpables sin un juicio justo, no es suficientemente importante para el Gobierno de Zapatero.

La propuesta explica que en el supuesto de que una pareja se encuentre en un proceso de separación o divorcio y uno de ellos esté imputado por presuntos malos tratos, no cabe la custodia compartida. En estos casos, y como medida cautelar, la custodia se tendrá que dar al progenitor que presuntamente fue maltratado.

Dos declaraciones de Rubalcaba llaman la atención especialmente; “estamos pensando en los niños por encima de la presunción de inocencia” y, “cuando analicen lo que estamos haciendo verán que es una cuestión medida, pensada y superrazonable”.

Pues bien, después de analizar semejante medida, se llega a la conclusión de que esta cuestión es una de las pocas en las que no existen los grises en el Derecho. Nunca una medida que elimine la presunción de inocencia podrá ser considerada constitucional ni válida, ya que no existe nada por encima de ella.

Ya que existen medidas cautelares para la protección de los menores, que se encuentran en estos casos, que aseguran su integridad en todo momento, no entiendo la necesidad de una medida que declara culpable antes de que un juez se pronuncie.

Todo Estado de Derecho se basa en la idea de que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero según nuestro Gobierno, un progenitor es culpable hasta que se demuestre su inocencia.

Felicidades, han vuelto a crear una medida que destruye la base de nuestra democracia.

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